Manuel Antonio Velandia Mora
España, Enero de 2010
Muchas mujeres siguen muriendo en Colombia a causa de la violencia machista ejercida por novios, maridos o ex cónyuges, las organizaciones se interesan en el tema y crean estrategias, pero las mujeres siguen muriendo ¿Qué hay que hacer?
Existen similitudes y diferencias entre la violencia de géneros y la violencia sexual, aun cuando cualquier ser humano puede ser víctima de ambos tipos de violencia, que puede ser ejercida tanto por personas del mismo como del otro sexo. La violencia de género se manifiesta de múltiples formas, especialmente en la violencia doméstica o intrafamiliar y en la violencia sexual, donde la mayoría de las víctimas son mujeres. Estas violencias tienen un impacto directo sobre la salud de las personas, situación estrechamente relacionada con la Salud sexual, la salud reproductiva, los derechos humanos y los derechos sexuales.
No me referiré aquí a la violencia sexual heterosexual, lésbica u homosexual, sino a la violencia de género que se ejerce de los hombres hacia las mujeres y específicamente a la violencia que se evidencia en muertes de mujeres a manos de sus novios, maridos o ex cónyuges.
Colombia es importante en la historia de la denuncia de la no violencia contra las mujeres, pues fue precisamente en Bogotá , donde en 1981 se celebró el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, evento que determinó el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres.
12 años después (1993) la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en la que se definió la "violencia contra la mujer" como todo acto de violencia basado en el género (en este caso femenino) que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada.
En dicha Asamblea se reconoció que era necesaria "una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas y un compromiso de los Estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer."
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, de Profamilia, del año 2005, dos de cada tres mujeres consultadas, contestaron que sus esposos o compañeros ejercían o habían ejercido situaciones de control contra ellas; dos de cada cinco mujeres alguna vez casadas o unidas, reportaron haber sufrido agresiones físicas por parte del esposo o compañero; el 16 por ciento del total de mujeres entrevistadas manifestó haber sido objeto de violencia física por parte de una persona diferente al esposo o compañero; el 85 por ciento de las mujeres que han sido objeto de agresión física por parte del esposo o compañero, ha sufrido de secuelas físicas o psicológicas como consecuencia de la golpiza.
Las mujeres ejercen violencia como respuesta
Bien es sabido que la violencia genera violencia. El 63 por ciento de las mujeres agredidas físicamente por sus esposos o compañeros, responde agrediéndole. Las mujeres que menos responden de esta manera, son las mayores de 40 años, las casadas, las del área rural, las que viven en los antiguos Territorios Nacionales y las que no tienen educación. El porcentaje de las mujeres que reportan agredir físicamente al esposo o compañero, cuando él no lo está haciendo, aumenta de 13 en la ENDS 2000 a 47 por ciento en la ENDS 2005; sin embargo, la última cifra incluye no solamente la agresión física, sino también haberlo insultado, controlado o celado.
La gravedad de la violencia física no está sólo en los golpes, si no en la incapacidad de las mujeres de denunciarla. 78 de cada 100 mujeres que son golpeadas no hace nada por cambiar o denunciar esa situación. Sólo 22 de cada 100 mujeres se atreven a quejarse. Una tercera parte de las mujeres contestó que, sus esposos o compañeros las amenazaban. La amenaza más frecuente es abandonarla (21 por ciento), seguida por quitarle los hijos (18 por ciento) y quitarle el apoyo económico (16 por ciento).
El grupo de investigadores que trabajan en la Unidad de Vida de la Fiscalía explican que cerca del 70% de los casos de crímenes pasionales que se registran, por lo menos en Bogotá, son ejecutados por el esposo. La razón es que normalmente la mujer toma un arma como símbolo de protección, pero rara vez con la intención de usarla."
Colombia ha recibido apoyo en el tema de la violencia de género, especialmente de la violencia del hombre hacia la mujer. El 16 de mayo de 2008 se dio inicio al Programa Conjunto “Estrategia Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de todas las formas de Violencia de Género en Colombia”, con el cual las Naciones Unidas, a través de agencias como UNIFEM, UNFPA y OIM, apoyan los esfuerzos nacionales –estatales y de la sociedad civil- de lucha contra la violencia hacia las mujeres, en particular aquellas manifestaciones de violencia de mayor prevalencia como son la violencia de pareja, la violencia sexual, la trata de personas, la violencia producida por actores armados ilegales y las prácticas tradicionales que atentan contra los derechos de las mujeres indígenas.
Pero parece ser que los programas no son suficientes probablemente porque las normas legales existentes no disuaden a los agresores y porque la ley no cambia la cultura y por tanto, no hay una transformación en las relaciones sociales, de las relaciones interpersonales y mucho menos de los procesos afectivos y las practicas y emociones que se generan.
El tema de la violencia de género masculino contra el femenino ha tenido cierta presencia en lo que va corrido del año porque el empresario barranquillero Samuel Enrique Viñas Abohomor asesinó con dos tiros a su ex esposa Clarena Acosta Gómez y sin embargo, el homicida fue dejado en libertad. Paradójicamente, el escándalo se desató más porque este hecho demuestra la ineficiencia de las autoridades y las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley que por el asesinato mismo.
Las cifras de violencia, de las que poco se habla en los medios, son alarmantes. Veamos un ejemplo: en los siete departamentos caribes durante 2009 se cometieron al menos 28 muertes de mujeres a manos de sus novios, maridos o ex cónyuges. De acuerdo con la Fundación Plan, una ONG dedicada a la infancia y adolescencia, cada hora 20 niñas son víctimas de maltrato y diariamente 100 mujeres son golpeadas por sus parejas. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año 2007 se registraron 46,2 casos de violencia sexual por cada 100.000 habitantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la violencia sexual contra las mujeres y las niñas colombianas “es alarmante y tiene tendencia a incrementar”.
Por otra parte, “a más de un año de la sentencia de la Corte Constitucional que ordena al Estado investigar los casos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado que vive Colombia y desarrollar una política pública para las colombianas desplazadas, no hay un sólo fallo condenatorio y los programas están muy retrasados.”
Posibles respuestas
María Clara Galvis de la Corporación Humanas considera que las víctimas de violencia sexual en Colombia no tienen acceso adecuado a tratamientos médicos y psicológicos. El acceso a dictámenes médico legales sólo es posible en los municipios del país con presencia del INML que es la única institución que practica el peritaje médico/legal. Este dictamen, sin embargo, no asegura el acceso a tratamientos médicos o psicológicos, debido a las deficiencias en la información que brindan a las víctimas quienes practican estos exámenes, que inciden en que las víctimas no comprendan la necesidad de asistir al servicio de salud al que se encuentren afiliadas; y aún cuando fueren adecuadamente informadas, no acuden a los servicios de salud dado que en Colombia un número importante de personas carece de estos servicios.
Para dicha autora los obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual para acceder a la justicia está relacionada con que: en Colombia la garantía de tomar decisiones libres, voluntarias e informadas durante el trámite del proceso se asegura a los procesados pero no a las víctimas; la publicidad del proceso prevalece siempre sobre la dignidad de la víctima; la falta de representación legal de los intereses de las víctimas; la protección de la libertad del procesado con desprotección de la seguridad de la víctima; la complejidad de la prueba; y, la ausencia de garantías procesales para hacer efectivo el derecho a la reparación.
Lo anterior pone en evidencia una serie de desafíos para las instancias judiciales, los órganos de decisión política y para los medios de comunicación. Mientras no se enfrenten tales desafíos, la violencia seguirá aumentando. En España, los medios han jugado un papel importante en la disminución de este tipo de violencia. Cada vez que una mujer es víctima mortal se hace evidencia del número de mujeres asesinadas, pero ello va sumado a que se estimula la denuncia, las autoridades investigan los casos, se da protección a las mujeres, se obliga a los hombres a tomar distancia por medio de ordenes de alejamiento y en especial a que las mujeres han tomado cada vez más un papel activo en la denuncia. Sin embargo, la evidencia también demuestra que cuando las mujeres retiran la denuncia, suelen convertirse en víctimas mortales.
1. Resolución 48/104. Asamblea General de Naciones Unidas. Aprobado el 20/12/1993. Publicado el 23/02/1994.
2. http://colombia.unfpa.org/proyectos/icbf.htm
3. Suarez, Mariana y Diego Alarcón. El Espectador. Bogotá 16.08.08
4. http://www.observatoriogeneroyliderazgo.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=2275
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