jueves, 31 de mayo de 2012


Los concejales Esther Molinares y Máximo Acuña hablan de la denuncia que interpondrá la FCA por el tema de homosexualidad en el Plan de Desarrollo de Barranquilla.




Caribe Afirmativo denuncia  ante la Fiscalía y la Procuraduría actos discriminatorios  en el Concejo de Barranquilla.La denuncia en la Fiscalía y la queja en la Procuraduría fue instaurada el pasado lunes 28 de mayo de 2012, por la Corporación Caribe Afirmativo bajo los radicados;   140512 y 024679 respectivamente, contra Máximo Acuña Díaz, Concejal de Barranquilla del movimiento de Inclusión y oportunidades MIO. Y  Esther Molinares Delgado Concejala de  Barranquilla del Partido de la U. Por el no cumplimiento de la ley antidiscriminación, el reglamento disciplinario de los funcionarios públicos y por el desconocimiento y no aplicación de leyes nacionales, y convenciones, tratados, acuerdos y similares suscritos por el gobierno colombiano relacionadas con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en materia de dignidad humana y garantías de igualdad.Esto, porque ambos en la sesión plenaria del Concejo Distrital de Barranquilla el pasado 25 de mayo de 2012, profirieron  expresiones y declaraciones que desconocen la calidad ciudadana de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en Barranquilla; oponiéndose públicamente al trabajo de garantía de derechos de este grupo poblacional en el distrito de Barranquilla, propuesto en los numerales 7.6. y 7.7. del Proyecto del Plan de Desarrollo “Barranquilla Florece para todos”, para garantizar reconocimiento de derechos a la población LGBT de la ciudad.Denunciamos ante la fiscalía el no cumplimiento de la ley 1482 de 2011 configurando  el delito de promover o instigar  actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral a una persona o grupo de personas en razón de su orientación sexual. (CP Título I Libro II, Capítulo IX, articulo 134b)Y ante la Procuraduría  el incumplimiento de la ley 734 del 2002 en el numeral 1 del capítulo 48 que considera como falta gravísima:  “Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo” Así mismo el numeral 7 de la mentada ley establece como falta disciplinaria gravísima “cualquier conducta que atente contra el derecho internacional humanitario y este señala cualquier tipo de discriminación como un atentado contra los derechos humanos”.Nos parece que en un Estado que avanza en materia de reconocimiento de derechos de la población LGBT, con leyes, sentencias de la Corte Constitucional  y actos políticos administrativos y que  se propone a implementar una política pública nacional para la garantía de derechos y en una ciudad donde los niveles de violencia que afectan a la población LLGBT resultan ser los más altos del país. Pues según informe de Corpovisionarios en 2008 Barranquilla presentó un 80% de homofobia por encima de ciudades como Cartagena 54 % y Cali 55% y en los informes de derechos humanos  de Caribe Afirmativo de 2007 a la fecha  se documentan 26 asesinatos por presuntos actos homofóbicos,  violencia policial, restricción al uso del espacio público y negación de derechos motivada por la orientación sexual y las identidades de género diversas, haciéndola la ciudad más violenta para la población LGBT en el Caribe, hacen que estos discursos lejos de generar inclusión y reconocimiento, lo que se espera de un gobierno democrático con propuestas de políticas públicas, acciones afirmativas y  compromisos ciudadanos para  erradicar este tipo e violencia prejuiciosa, se quede en deuda con un déficit de derechos en una ciudad que por ocasiones olvida que éste es un Estado laico.

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